La Pampa
EF
Educación
La Educación Sexual Integral cumple 20 años: avances, desafíos y debates sobre su aplicación en las escuelas

La Ley 26.150, sancionada el 4 de octubre de 2006, marcó un cambio en la educación argentina al incorporar una mirada integral sobre la sexualidad, los vínculos y los derechos. A dos décadas de su aprobación, especialistas destacan sus aportes a la prevención del abuso infantil y advierten sobre las dificultades que todavía enfrenta su implementación.
La Educación Sexual Integral (ESI) cumple 20 años desde su aprobación en Argentina. La normativa, sancionada por el Congreso de la Nación el 4 de octubre de 2006, transformó la manera de abordar la sexualidad en las instituciones educativas y estableció el derecho de los estudiantes a recibir formación sobre aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos.
La doctora Alejandra Érica Montaña, integrante del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), analizó los cambios impulsados por esta legislación y los desafíos que persisten en el sistema educativo.
En su reflexión, destacó que la ESI representa mucho más que la transmisión de conocimientos sobre anatomía o prevención de enfermedades. Su objetivo también incluye la construcción de vínculos respetuosos, el reconocimiento de los derechos y el desarrollo de la autonomía personal.
Una ley que modificó la enseñanza sobre sexualidadAntes de la aprobación de la Ley 26.150, la educación sexual solía limitarse a intervenciones aisladas, generalmente vinculadas con cuestiones médicas y reproductivas.
Según el análisis de Montaña, durante décadas también estuvieron presentes prácticas escolares que reproducían diferencias entre varones y mujeres, tanto en la organización de las actividades como en los contenidos educativos.
La investigadora retoma los aportes de Graciela Morgade para señalar que esos modelos de enseñanza transmitían determinadas concepciones sobre los roles de género.
La sanción de la ESI introdujo una perspectiva más amplia, que reconoce las experiencias, emociones y derechos de quienes integran la comunidad educativa.
La legislación, compuesta por ocho artículos, establece que los estudiantes de instituciones públicas y privadas de todas las provincias tienen derecho a acceder a esta formación.
La prevención del abuso infantil, uno de sus principales aportesUno de los aspectos destacados por la especialista es la función de la Educación Sexual Integral como herramienta para prevenir y detectar situaciones de abuso sexual durante la infancia.
La enseñanza permite que niñas y niños aprendan a identificar las partes de su cuerpo, reconocer situaciones que generan incomodidad y comprender que pueden recurrir a personas adultas de confianza cuando necesitan ayuda.
También brinda herramientas a los docentes para advertir posibles situaciones de vulneración de derechos y activar los mecanismos de protección correspondientes.
Montaña sostiene que numerosos casos de abuso pudieron conocerse en las escuelas después de que estudiantes incorporaran conocimientos que les permitieron expresar lo que estaban atravesando.
Desde esta perspectiva, la ESI no solo transmite información, sino que también facilita la identificación de situaciones de violencia y el acceso a mecanismos de asistencia.
Los antecedentes y la ampliación de derechos en ArgentinaLa aprobación de la Educación Sexual Integral se produjo después de décadas de reclamos de organizaciones feministas y sectores vinculados con la ampliación de derechos.
La especialista relaciona su sanción con otras transformaciones legislativas posteriores, como la Ley de Matrimonio Igualitario de 2010, la Ley de Identidad de Género de 2012 y la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo de 2020.
Sin embargo, recuerda que el tratamiento de la ESI estuvo atravesado por importantes diferencias, particularmente con sectores eclesiásticos.
Entre los aspectos que menciona se encuentra la exclusión de la palabra “género” del texto definitivo, una decisión surgida durante las negociaciones legislativas.
Según su interpretación, esa circunstancia contribuyó a mantener abiertas distintas discusiones sobre los contenidos y enfoques de la educación sexual.
Entre las posiciones mencionadas aparece la denominada “Educación para el Amor”, promovida por determinados sectores religiosos, que plantea una perspectiva diferente sobre la sexualidad, el uso de métodos anticonceptivos y las relaciones antes del matrimonio.
Las dificultades para llevar la ESI a todas las aulasLa implementación de la normativa atravesó distintas etapas y no avanzó de manera inmediata en todo el país.
Aunque la ley nacional fue sancionada en 2006, los lineamientos curriculares mencionados en el análisis llegaron en 2012.
Por su parte, la provincia de Buenos Aires aprobó su legislación de adhesión en 2015, nueve años después de la sanción nacional.
En 2016 también se incorporó la Semana de la ESI al calendario escolar bonaerense.
Montaña señala que, si bien esa instancia permitió dar visibilidad a los contenidos y actividades desarrollados por las instituciones, la Educación Sexual Integral debe sostenerse durante todo el ciclo lectivo.
La especialista también menciona los relevamientos del Proyecto Mirar, del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), que identificaron obstáculos persistentes en el acceso a derechos.
En ese sentido, advierte que la existencia de una ley no garantiza por sí sola que sus contenidos lleguen de manera efectiva a todas las instituciones educativas.
La autonomía y el derecho a tomar decisionesOtro de los ejes del análisis está relacionado con la capacidad de las personas para tomar decisiones informadas sobre sus cuerpos y sus vidas.
Montaña recupera los aportes de la filósofa Silvina Álvarez, quien plantea que la autonomía no es una condición automática, sino una capacidad que se construye mediante experiencias, conocimientos y relaciones sociales.
Desde esa mirada, la Educación Sexual Integral busca ampliar las posibilidades de elección mediante información y herramientas que permitan reconocer derechos.
La autora también retoma el pensamiento de Paulo Freire para destacar el valor del aprendizaje colectivo y del diálogo dentro del aula.
En su interpretación, enseñar a decidir no implica imponer comportamientos, sino ofrecer conocimientos para que cada estudiante pueda desarrollar su autonomía.
Nuevos desafíos frente a las pantallas y las redes socialesLa realidad educativa de 2026 presenta diferencias importantes respecto de la que existía cuando se aprobó la ley.
La expansión de los teléfonos celulares, las redes sociales y las plataformas digitales modificó las formas de comunicación y los vínculos entre adolescentes.
Montaña señala que muchos jóvenes pasan más de diez horas diarias frente a pantallas y que la pandemia profundizó cambios en las relaciones personales.
Entre los desafíos actuales identifica los conflictos digitales, los escraches y las prácticas de cancelación en redes sociales.
Frente a estas situaciones, considera necesario que la ESI incorpore herramientas para abordar los vínculos, comprender los conflictos y promover relaciones respetuosas.
También destaca que la participación estudiantil adquirió mayor protagonismo mediante actividades y producciones vinculadas con la prevención del acoso escolar, el respeto y la diversidad.
El debate político sobre la continuidad de la ESIA dos décadas de su aprobación, la Educación Sexual Integral continúa siendo motivo de diferencias políticas y educativas.
Montaña sostiene que la legislación enfrenta cuestionamientos provenientes del Gobierno nacional y de determinados sectores religiosos y educativos.
En ese marco, señala que la derogación de la ESI formó parte de la plataforma electoral con la que La Libertad Avanza llegó al Gobierno.
La especialista también cuestiona los planteos que proponen reemplazar este enfoque por programas de educación emocional.
Según su interpretación, mientras la ESI permite analizar las desigualdades, los mandatos sociales y las situaciones de violencia, determinadas propuestas centradas exclusivamente en la gestión individual de las emociones podrían dejar de lado esos factores.
Para desarrollar esta posición, recupera aportes de Graciela Morgade y del pedagogo Henry Giroux, vinculados con las responsabilidades sociales y educativas de los docentes.
Una red federal que promueve la continuidad de la educación sexualEntre las iniciativas que respaldan la implementación de la ESI, Montaña menciona al Movimiento Federal por más ESI, una red presente en las 24 jurisdicciones argentinas.
El espacio promueve actividades, materiales pedagógicos y acciones colectivas destinadas a fortalecer la educación sexual en las escuelas.
Entre sus producciones se encuentra el cuadernillo “Alojando emociones desde la ESI”, que aborda contenidos vinculados con las experiencias afectivas y emocionales.
La especialista considera que la continuidad de la legislación requiere el compromiso de las instituciones educativas y de los docentes, además de políticas que garanticen su aplicación.
Veinte años de una transformación educativaAl cumplirse dos décadas de la sanción de la Ley 26.150, el debate sobre la Educación Sexual Integral sigue vinculado con su aplicación efectiva, sus contenidos y su papel en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Para Montaña, uno de los principales cambios fue permitir que las experiencias y preocupaciones de los estudiantes encontraran un espacio de expresión dentro de las instituciones educativas.
La autora también relaciona los avances de la ESI con las demandas del movimiento Ni Una Menos, la consigna “Son niñas, no madres” y las iniciativas destinadas a visibilizar el abuso sexual infantil.
Desde esa perspectiva, sostiene que defender la Educación Sexual Integral significa preservar una concepción de la escuela como espacio de participación, respeto a la diversidad y construcción colectiva de derechos.
A veinte años de su sanción, la aplicación de la ESI en todas las aulas continúa siendo uno de los desafíos centrales señalados por quienes promueven esta política educativa.
