La Educación Sexual Integral cumple 20 años con una fuerte caída de recursos para su implementación

Hace dos décadas, Argentina reconoció por ley un derecho que modificó el abordaje de la educación sexual dentro de las escuelas. El 4 de octubre de 2006 fue sancionada la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI), que estableció el derecho de chicos, chicas y adolescentes de todo el país a recibir educación sexual integral.

Veinte años después, la ESI está presente en la actividad cotidiana de miles de escuelas y docentes, al mismo tiempo que continúa formando parte de los debates dentro de las comunidades educativas. El aniversario encuentra al programa frente a dos cuestiones: los discursos de desinformación y la falta de recursos destinados a fortalecer su aplicación.

El proyecto de Presupuesto 2027 del gobierno de Javier Milei mantiene congelados en 30 millones de pesos los aportes destinados al programa de fortalecimiento de la ESI. En valores reales, esa cifra implica una reducción estimada del 17,4% respecto de 2026 y del 98,5% frente a lo ejecutado en 2023.

Fundación Huésped advirtió además que, si bien los proyectos de Presupuesto 2026 y 2027 conservaron una partida específica para fortalecer la ESI, dejaron de contemplar metas físicas que permitan realizar un seguimiento de su implementación.

“Un derecho no se garantiza sólo con una ley: se necesitan políticas y recursos para hacerse realidad”, sostuvo la organización al cumplirse los 20 años de la sanción.

La Educación Sexual Integral fue planteada como un espacio sistemático de enseñanza y aprendizaje, integrado por contenidos provenientes de diferentes áreas curriculares y adaptados a las edades y etapas de desarrollo, desde el nivel inicial hasta la formación docente.

Durante estos 20 años, su implementación permitió incorporar en las aulas contenidos y herramientas relacionados con el cuidado del cuerpo y la salud, la prevención de abusos, el respeto por la diversidad, los vínculos, el consentimiento, la afectividad y el ejercicio de derechos.

También se convirtió en un ámbito donde niños, niñas y adolescentes pudieron expresar situaciones que estaban atravesando y que, en determinados casos, no habían logrado reconocer previamente como vulneraciones de derechos.

Según información del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires, citada por Fundación Huésped, el 80% de las niñas, niños y adolescentes de entre 12 y 14 años que denunciaron abusos pudieron identificar que habían sido víctimas después de recibir clases de ESI.

El dato no significa que todos los casos de abuso sean detectados mediante la escuela ni permite establecer una relación causal general. Sin embargo, refleja uno de los usos concretos señalados por especialistas y organizaciones relacionadas con la ESI: ofrecer herramientas que permitan reconocer situaciones de violencia y abuso y pedir ayuda.

Uno de los casos recogidos por La Capital hace tres años fue relatado por María Laura López, profesora en Letras de la localidad santafesina de Calchaquí.

La docente contó la situación de una estudiante de una Escuela de Enseñanza Media para Adultos (Eempa) que habitualmente se mostraba a la defensiva y tenía conductas agresivas.

Durante una clase relacionada con los abusos, la joven pudo revelar que había atravesado situaciones de violencia sexual por parte de un familiar y que su hermana menor estaba viviendo una situación similar.

La docente intervino, posteriormente lo hizo la dirección de la institución y se activaron los protocolos correspondientes.

“Fue un antes y un después en la vida de ambas mujeres en todos los aspectos”, relató López.

El caso expone una de las dimensiones consideradas centrales por quienes defienden la ESI: además de transmitir contenidos, busca brindar herramientas para identificar situaciones que vulneran derechos y generar condiciones para expresarlas y que puedan ser abordadas por los adultos responsables.

A lo largo de estas dos décadas, la Educación Sexual Integral no solamente enfrentó el desafío de alcanzar las aulas. También fue cuestionada mediante discursos que presentan sus contenidos como una herramienta de “ideologización” de niños, niñas y adolescentes.

Entre las afirmaciones que circulan se encuentra que la ESI incorpora una supuesta “ideología de género”. Sin embargo, los lineamientos oficiales que determinan sus contenidos no utilizan ese concepto.

La normativa hace referencia a la perspectiva de género y caracteriza a la ESI como un espacio sistemático y transversal de enseñanza, sustentado en contenidos científicos y socialmente significativos, adecuados a las distintas edades y etapas del desarrollo.

El concepto “ideología de género” no aparece en los documentos oficiales de la ESI, incluidos los lineamientos de 2018, los Cuadernos publicados entre 2009 y 2012 ni otros materiales. En esos documentos se utiliza “perspectiva de género”, presentada como una herramienta de análisis basada en leyes vigentes —Matrimonio Igualitario, Identidad de Género y Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes— y en los estudios de género como campo académico.

Dos décadas después de la sanción, la discusión también se concentra en los recursos disponibles para sostener la implementación. La existencia jurídica de la ley ya no está en discusión, pero aparecen interrogantes sobre las herramientas y el financiamiento destinados a llevarla adelante.

Fundación Huésped señaló que la reducción presupuestaria no constituye la única dificultad. La organización también advirtió que la eliminación de metas físicas específicas en los proyectos de Presupuesto 2026 y 2027 dificulta determinar qué acciones fueron realizadas, cuáles permanecen pendientes y dónde se encuentran las brechas de implementación.

“Para que una política pública exista, no alcanza con que esté escrita en una ley. Tiene que tener presupuesto, objetivos claros y mecanismos que permitan saber qué se hizo, qué falta y dónde están las brechas”, planteó la entidad.