Santa Fe busca consolidar el microtráfico como eje de su política contra la violencia y reclama cambios en la competencia federal

Meses antes de asumir la Gobernación de Santa Fe, Maximiliano Pullaro y su equipo comenzaron a elaborar un paquete de reformas legislativas vinculadas con la seguridad. Entre las decisiones centrales se encontraba la adhesión a la desfederalización en materia de drogas, conocida como microtráfico, como una de las herramientas destinadas a reducir la violencia territorial.

El ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni, explicó que la medida respondía a una necesidad concreta frente a los índices de violencia registrados en Rosario.

“Lo necesitábamos por razones de estricta política de control de violencia territorial”, señaló, al referirse a que Rosario cuadruplicaba la tasa de homicidios cada 100 mil habitantes.

Según Cococcioni, el Gobierno buscó que el respaldo político al nuevo esquema quedara expresamente establecido en la legislación.

“Empezamos a diseñar un modelo en el que explicitamos todas las cosas que normalmente el actor político no avala al momento de votar. Acá hicimos que la avale, lo pusimos en la ley, entonces cualquier queja es lo que está votado por casi unanimidad en ambas Cámaras”, afirmó.

El Senado provincial aprobó la norma el 14 de diciembre de 2023, pocos días después de la asunción del nuevo gobierno, mientras que Diputados hizo lo propio el día 20. La ley fue promulgada el 28 de diciembre y comenzó a regir el 29 de diciembre de 2023.

En el diseño de esta política, el Ejecutivo provincial trabajó junto al Ministerio Público de la Acusación (MPA). La ley de microtráfico fue elaborada con participación de la fiscal general, María Cecilia Vranicich, y desde entonces el vínculo entre ambas instituciones se consolidó.

Esa relación volvió a quedar expuesta durante las recientes Jornadas Nacionales e Internacionales de los Ministerios Públicos Fiscales, que contaron con especialistas como el italiano Giovanni Tartaglia Polcini, quien durante dos décadas fue fiscal en Nápoles; el criminólogo estadounidense David Kennedy, reconocido por el diseño de estrategias para reducir la violencia urbana; y Marcelo Bergman, especialista en la materia.

Vranicich fue anfitriona del encuentro, el primero de estas características realizado con el MPA funcionando como extrapoder, fuera del Poder Judicial.

Durante las jornadas, Pullaro manifestó un fuerte respaldo institucional al organismo y a su conducción.

“Vamos a defender la labor del MPA. Y vamos a defender el liderazgo y la conducción de Vranicich”, sostuvo.

El encuentro también permitió que el Gobierno provincial, a través de Cococcioni, planteara la necesidad de modificar el criterio utilizado para distribuir las competencias en materia de drogas entre la Justicia federal y la provincial, donde interviene la Unidad de Microtráfico. Actualmente existe una ley sobre el tema en el Congreso.

Según el ministro, cualquier discusión relacionada con el fraccionamiento puede provocar que una causa termine derivada al ámbito federal y que la investigación pierda impulso.

Para el Gobierno santafesino, el objetivo principal de la ley es permitir una intervención integral sobre los búnkers para reducir tanto el delito como la violencia en sus alrededores.

“El microtráfico es eso. No es asumir nosotros por ser generosos de que lo federal tiene mucho trabajo, entonces lo tomamos nosotros, que estamos al cuete. No se trata de una transferencia lineal de competencia”, expresó Cococcioni.

La implementación del nuevo esquema también tuvo consecuencias sobre la cantidad de expedientes asumidos por la Justicia provincial.

Carla Cerliani, fiscal coordinadora del MPA, señaló durante uno de los paneles que los informes elaborados a dos años de la puesta en marcha de la normativa muestran el volumen de trabajo absorbido.

“Los informes que se hicieron a los dos años de implementación de la ley dan cuenta que asumimos entre el 70 y el 75% de la carga de trabajo que tenía la Justicia federal en la provincia de Santa Fe”, afirmó.

En su defensa del trabajo de los fiscales provinciales, Pullaro también cuestionó los años de impunidad que atribuyó a la Justicia federal y recordó las demoras que existieron para llevar a juicio a Los Monos.

El gobernador mencionó además que, en mayo de 2022, la Corte Suprema de la Nación llegó a Rosario para respaldar a la Justicia federal mediante un operativo que calificó como desmedido.

“Hoy dos de los tres magistrados federales que teníamos en la ciudad están presos”, señaló, en referencia a Marcelo Bailaque y Gastón Salmain.

El texto señala que la Justicia federal estaría atravesando una etapa de fortalecimiento, proceso que algunos ubican a partir de la implementación del sistema acusatorio en 2024.

El presupuesto nacional asignó para este año partidas destinadas a la Justicia federal de Rosario que contemplan un incremento del 39% en el total general para 2027: pasarán de 47.189 millones en 2026 a 65.583 millones en 2027, frente a una inflación anual proyectada del 18%.

En los gastos de personal correspondientes a la Cámara de Rosario, el aumento previsto es del 37%, mientras que para bienes de consumo alcanza el 36%.

Para 2027 se incorporaron además 548 millones para bienes de uso, un rubro que tuvo presupuesto cero en 2026.

Los servicios no personales tendrán una suba del 85,34%, al pasar de 730 millones en 2026 a 1.353 millones en 2027.

En el caso del Ministerio Público, las partidas pasarán de 21.967 millones en 2026 a 33.853 millones en 2027, lo que representa un incremento del 54%.

De los 33.853 millones previstos, 17.581 millones corresponden a la Procuración General, con una suba del 57,20%respecto de 2026, mientras que 16.272 millones serán destinados a la Representación, Defensa y Curatela Pública Oficial, un incremento del 51%.

Durante las jornadas también intervino el ministro de la Corte Suprema de Santa Fe, Daniel Erbetta, quien recordó que “las condenas a Esteban Lindor Alvarado y a Los Monos y otras franquicias fueron en la Justicia provincial”.

“La sentencia de condena la firmamos nosotros”, agregó.

Erbetta también hizo referencia al acuerdo abreviado que fiscales y defensores intentaron alcanzar en 2015, por el cual las bandas buscaban acordar penas de ocho años pese a la existencia de delitos que contemplaban prisión perpetua. Posteriormente, ese acuerdo fue dejado sin efecto por la Justicia.

“Cada uno ocupa su rol: los fiscales son parte y los jueces deben resolver, y la responsabilidad por las condenas y el encierro de las personas tiene la firma de un magistrado, no de un fiscal”, manifestó ante la prensa luego del encuentro.

En este escenario, el MPA atraviesa una nueva etapa como extrapoder y cuenta con el respaldo del Ejecutivo provincial. A su vez, el Gobierno de Santa Fe considera a los fiscales una pieza necesaria para desarrollar su política contra el crimen organizado.